Competencia y Jurisdicción en el Derecho Deportivo Colombiano.

TRIBUNAL

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El mundo del derecho deportivo sin duda alguna es muy controvertido y esto se debe a muchos factores, entre otros, las constantes disputas, por lo general contractuales, que surgen entre los distintos equipos profesionales o aficionados. A diario se suscriben infinidad de acuerdos de pago y convenios deportivos, donde por lo general hay dos equipos y un jugador de por medio. Dado el auge de constantes casos de este tipo en nuestro país, se hizo necesario independizar la jurisdicción en el ámbito deportivo, con lo cual se dio la creación y el establecimiento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas -CNRD- y la Comisión del Estatuto del Jugador -CEJ- de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-.

Recientemente, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja sentó un importante precedente respecto a la jurisdicción y competencia en temas de controversias relacionadas con equipos y jugadores de fútbol. La Sala se pronunció tajantemente en el marco del proceso 2021-0531 entre el Club Deportivo Aston Villa (Valle) y Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., anulando los efectos de la sentencia proferida en primera instancia y ordenando remitir todo el expediente del proceso a la FCF.

Para dar contexto respecto al objeto de la controversia que dio lugar a este caso y de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Jugador de la FCF, la indemnización por formación se debe pagar al club que formó a un jugador y se calculará con base en los años en los que el jugador aparezca registrado con el club formador en el Sistema Comet entre las temporadas de sus cumpleaños doce a veintiuno. Deberá pagarse por el club contratante al momento que el jugador firme su primer contrato como profesional y sea inscrito en el Sistema Comet antes de la temporada de sus veintitrés años.

Por regla general, esa es la forma en que se debe calcular y pagar la indemnización por formación de un jugador, sin embargo, existe la posibilidad de que las partes interesadas convengan y logren un acuerdo escrito, expreso e inequívoco para cancelar el valor adeudado en sus propios términos y condiciones. Es muy común que lo que se pacte como compensación para el club formador sea un porcentaje sobre el valor de la futura transferencia definitiva del jugador a otro equipo, lo cual condiciona el pago a un hecho futuro e incierto pero que de darse puede llegar a resultar de mayor beneficio económico para el club formador. 

Lo anterior fue precisamente lo que ocurrió en el caso en concreto, el cual se remite al año 2015 cuando Aston Villa, club aficionado y Boyacá Chico, club profesional, suscribieron un convenio deportivo de transferencia definitiva por el jugador Jhon Riascos quien hasta ese momento hacia parte del club formador. En dicho convenio, se estableció la cesión del 100% de los derechos deportivos, económicos y federativos del jugador al Boyacá Chicó y como contraprestación, por concepto de indemnización por formación del jugador y con el consentimiento de este, se pactó que Boyacá Chico le pagaría a Aston Villa el 20% del monto recuperado por la futura transferencia definitiva del jugador a otro club nacional o internacional. 

En el año 2018, el jugador fue transferido de forma definitiva y onerosa por el Boyacá Chicó al club Al Batin FC de Arabia Saudita a lo cual Aston Villa hizo la debida reclamación, solicitando el cumplimiento del convenio deportivo que habían suscrito hace 3 años, es decir, exigiendo el pago del 20% que les correspondía sobre la transferencia del jugador. Ante esta situación, Boyacá Chicó decidió hacer un ofrecimiento económico, el cual era mucho menor a lo que se había pactado en el convenio, razón por la cual la parte actora inició una demanda en contra de Boyacá Chicó con el fin de que se declarara que si existió un convenio entre los dos y en ese sentido, que hubo un incumplimiento contractual del demandado en razón del no pago del porcentaje acordado, por lo cual exigían el correspondiente pago.

En primera instancia el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, resolvió acoger las pretensiones de la demanda y declaró que efectivamente se celebró un negocio jurídico atípico en razón al convenio deportivo. Se decretó que hubo un incumplimiento por parte del demandado de su obligación de pagar al demandante el 20% del monto recuperado por la transferencia del jugador al club Árabe y en consecuencia condenó a la parte pasiva a pagarle a la activa la suma de USD $64,000 correspondientes al porcentaje neto de la transferencia y aproximadamente USD $50,000 por intereses de mora. 

Inconforme con la decisión de primera instancia, Boyacá Chicó presentó recurso de apelación y recientemente El Tribunal mencionado resolvió en segunda instancia dejar sin efectos la sentencia de primera instancia y ordenó remitir el expediente a la FCF. La Sala 

recordó lo establecido en la normativa en materia de derecho deportivo, concluyendo que al estar todos los clubes profesionales y aficionados sometidos a esta reglamentación y que precisamente es esta la normatividad que ordena los procedimientos que deben seguirse y dispone de sus propios tribunales jurisdiccionales deportivos, la jurisdicción ordinaria no es competente en ninguna instancia para impartir justicia en este tipo de asuntos.

Finalmente la Sala hizo un valioso análisis respecto a la competencia de la jurisdicción ordinaria en controversias entre privados como lo son los clubes aficionados y profesionales afiliados a la FCF, resaltando qué, de intervenir indebidamente en asuntos y controversias como las referidas en el caso, se violentaría el ejercicio de la autonomía de los privados para regular sus relaciones, sin que exista causa legal que lo permita.

Esto es un hecho  a resaltar en materia de derecho deportivo ya que se sentó un importante precedente para la jurisdicción deportiva, ratificando así lo señalado por el Código Disciplinario Único, el Estatuto del Jugador de la FCF y los Estatutos de la FIFA, reconociendo a la CNRD y la CEJ como los únicos órganos competentes para conocer y dirimir conflictos entre clubes profesionales o aficionados en nuestro país. 

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